El Salvador: destitución de jueces enciende alarmas por autoritarismo


El nuevo Congreso de El Salvador, dominado por los aliados del presidente Nayib Bukele, tomó posesión este sábado y destituyó a jueces enfrentados con el gobernante y al fiscal general, en una decisión considerada por la comunidad internacional como un intento de concentrar el poder. 

El Parlamento retiró del cargo a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y a los suplentes. 

De inmediato se nombró a sus reemplazantes, que escoltados por la policía llegaron al Palacio de Justicia para asumir funciones. La mayoría parlamentaria acusa a los magistrados salientes de haber emitido sentencias "arbitrarias". 

Sin embargo, los miembros de esta sala, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna, declararon "la inconstitucionalidad del decreto de destitución" y denunciaron la intención de suprimir el control de los otros poderes del Estado. 

 
 

"Y el pueblo salvadoreño, a través de sus representantes, dijo:

 íDESTITUIDOS!", enfatizó Bukele al ser aprobada la destitución. Bukele había librado una batalla contra la Sala de lo Constitucional que le bloqueó al menos 15 normas relacionadas con el manejo de la pandemia a mediados del 2020, la mayoría sobre regímenes de excepción. 

 El tribunal consideró que vulneraba derechos fundamentales de la ciudadanía. En ese momento, el mandatario aseguró que la sala le había impedido cuidar de la vida de sus compatriotas.

 La Sala de lo Constitucional es una de las cuatro que componen la Corte Suprema, y resuelve demandas de inconstitucionalidad, 'habeas corpus' y controversias entre los poderes del Estado.  

Sus actuales miembros habían sido designados por el Parlamento saliente, controlado por la oposición a Bukele. La Constitución también permite al Parlamento destituirlos "por causas específicas, previamente establecidas por la ley". 


"Los miembros de este tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que necesita a funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas. Sin la vida no existen demás derechos constitucionales", consideró la legisladora Suecy Callejas, del gobernante Nuevas Ideas.
Luego, el presidente del Congreso, Ernesto Castro, propuso debatir la salida del fiscal general, Raúl Melara. De acuerdo con el diputado Numan Salgado, que sustentó el pedido, "quedó en entredicho su independencia e imparcialidad" necesarias para ejercer el cargo, al haber sido vinculado con el opositor partido Arena (derecha). 


 "Hemos sido críticos del actuar del fiscal general pero eso no significa que estemos avalando un procedimiento inconstitucional", consideró por su parte la diputada Dina Argueta, de la opositora exguerrilla izquierdista Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En su reemplazo, la madrugada del domingo fue elegido el abogado Rodolfo Delgado. 


Tras la destitución de magistrados, la subsecretaria interina de la oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Julie Chung, advirtió que "la existencia de una relación fuerte entre Estados Unidos y El Salvador dependerá de que el gobierno de El Salvador apoye la separación de poderes y de que sostenga las normas democráticas". Golpe de Estado Los parlamentarios de la oposición, ahora en minoría, cuestionaron todos los procedimientos.


 "Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa, con una mayoría que el pueblo se las dio a través del voto, es un golpe de Estado", dijo el diputado René Portillo, del derechista Arena. De otro lado, más de una veintena de organizaciones sociales y gremios empresariales salvadoreños denunciaron este domingo la "usurpación" de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y desconocieron a los abogados electos por la Asamblea Legislativa para ocupar los cargos de magistrados. 


 Reacciona Estados Unidos Este domingo, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, expresó la "grave preocupación" de su país por la destitución de magistrados "y señaló que un poder judicial independiente es esencial para la gobernabilidad democrática".
Según el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, la preocupación se extendió por la destitución del fiscal general, quien, de acuerdo con Blinken, "lucha contra la corrupción y la impunidad y es un socio eficaz de los esfuerzos para combatir el crimen tanto en Estados Unidos como en El Salvador". 


 El secretario Blinken destacó asimismo el compromiso de Estados Unidos para mejorar las condiciones en El Salvador, incluso "reforzando las instituciones democráticas y la separación de poderes, defendiendo una prensa libre y una sociedad civil vibrante".


 En tanto, la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió que "cuando las mayorías eliminan los sistemas de pesos y contrapesos en el marco institucional, están alterando la esencia de funcionamiento del mismo".
Ante lo ocurrido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió a Bukele "garantizar la separación de poderes y el orden democrático". 


"Haremos todos los esfuerzos para que este asalto a la democracia afecte su relación con el gobierno de Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI (Fondo Monetario Internacional) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo)", advirtió en tanto el director ejecutivo para las Américas de la oenegé Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.


 Bukele reiteró que está dispuesto a seguir trabajando con la comunidad internacional, pero les pidió mantenerse al margen. "Estamos limpiando nuestra casa y eso no es de su incumbencia", aseguró. AFP

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