Alarma en Bolivia por decreto que deja a militares a cargo del orden público


También los exonera de delitos penales. Entretanto, grupos afines a Evo Morales le dieron un plazo a la presidenta interina Jeanine Áñez para que dimita.


El nuevo gobierno de Bolivia desplegaba este domingo esfuerzos por lograr el cese de las manifestaciones que en un mes se han cobrado 23 víctimas, mientras grupos campesinos afines al exmandatario Evo Morales le daban un plazo de 48 horas a la presidenta provisoria Jeanine Áñez para dimitir.

El principal foco del conflicto se había concentrado en Cochabamba (centro), donde, el viernes, campesinos cocaleros chocaron con el Ejército y la Policía, con un saldo de nueve muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que elevó a 23 el saldo de víctimas en un mes de confrontación.


El gobierno ha reconocido oficialmente cinco muertos, y el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, ha deslizado la idea de que los propios cocaleros se disparan entre sí para generar víctimas, pues al menos un muerto "aparece con un tiro en la nuca".

Pero Thomas Becker, abogado estadounidense de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, dijo que estuvo en la morgue de la ciudad de Sacaba, donde murieron los nueve cocaleros: "Todos los muertos son con impacto de bala".

"Todos con quien he hablado dijeron que [en las manifestaciones] no había ninguna persona civil con un arma", dijo Becker por teléfono a la AFP, señalando que entrevistó a 50 personas en esa ciudad.

Asilado en México tras renunciar a la Presidencia hace una semana luego de perder el apoyo de los militares, Morales declaró en un tuit que "estos delitos de lesa humanidad (...) no deben quedar en la impunidad".

Mientras, Jean Arnault, enviado del Secretario General de la ONU, comenzó a tomar contacto con autoridades del gobierno de Áñez y organizaciones sociales en un intento de restaurar la paz en el país, en convulsión política desde la cuestionada reelección de Morales el 20 de octubre.

La CIDH calificó en Twitter de "grave" un decreto del gobierno de Áñez, aprobado el jueves y divulgado extraoficialmente el sábado, que exime de responsabilidades penales a las Fuerzas Armadas en la conservación del orden público.


"El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de DD.HH. y por su estilo estimula la represión violenta", señaló el organismo autónomo de la OEA.


El ministro de la presidencia, Jerjes Justiniano, dijo que el decreto "no es una licencia para matar, solo define la tarea de las Fuerzas Armadas con una base constitucional en garantizar la estabilidad del país".

A pesar de la polémica, Murillo indicó que mediante las gestiones del gobierno "los conflictos han bajado en un 50% en intensidad".

En la ciudad de Cochabamba todavía se suscitan "algunos enfrentamientos" pero su intensidad "está disminuyendo, dijo el comandante de la Policía, coronel Rodolfo Montero.

En contraste, decenas de personas se reunieron la noche del sábado en un barrio de El Alto, ciudad vecina a La Paz, con pañuelos blancos pidiendo la paz.

Cerca de ese lugar vecinos seguían bloqueando el único acceso a una planta que distribuye combustible a La Paz, lo cual ha provocado una creciente escasez que ha comenzado a mermar el transporte vehicular en la ciudad.

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